Concesiones y aeropuertos. Nuevo acuerdo (2 de 2)

Por Hugo Bueno Pascal

Lo primero que llama la atención de este nuevo acuerdo es el periodo de extensión de 30 años que se convierten en 37, lo cual se aparta de prácticamente todos los contratos de este tipo que se han formalizado en el mundo, porque predecir el futuro, aunque se realicen proyecciones de lo que podría suceder, estas estimaciones que se basan principalmente en lo que aconteció en el pasado, mientras más usted se aleja del presente, sus estimaciones podrían estar más alejadas de lo que ciertamente sucederá en el futuro, quizás sería prudente no comprometer por tantos años esta propiedad del país.

Los contratos de concesión de aeropuertos que se han firmado en los países de América Latina no han ido más allá de veinte años. Este es un horizonte de evaluación que por la cantidad de años que abarca podría ser muy lesivo al Estado Dominicano, ya que se trata del mismo concesionario y ante cualquier situación en la que tenga que recurrir a una terminación anticipada, las penalidades tendrán mucho peso económico.

Aunque el estado dominicano, viene arrastrando déficits fiscales, lo cual no es nuevo, ya que lleva muchos años con presupuestos deficitarios; y con la firma de este acuerdo recibirá en los primeros meses un total de US$750 millones, esto no debería ser una pared que impida realizar un verdadero análisis de lo que le conviene al país en el mediano y largo plazo. Entendemos que los proyectos deben ser evaluados tomando en cuenta los beneficios que producirán en todo el horizonte de evaluación.

Es importante señalar que las modalidades que se vienen utilizando en estas concesiones aeroportuarias, se orientan a proyectos de gestión interesada que implica administración y gestor o simplemente mediante un contrato similar al que se proyecta firmar en el país, pero con la creación de un fideicomiso que es utilizado para manejar todos los ingresos del o los aeropuertos incluidos. En ambas modalidades los actores, Cedente y Concesionario, participan en un porcentaje establecido de los ingresos brutos de la operación, los cuales estudiando varios proyectos similares en la región van desde un 35 a 45% de los ingresos brutos del aeropuerto. Ambas partes participan en el pastel de una manera más justa y si se toma en cuenta que la Tasa interna de retorno(rentabilidad) promedio de este tipo de negocio está por encima de un 20% anual, el país saldrá mucho más beneficiado en el mediano y largo plazo y quizás esos US$ 2,000 millones que recibirá el Estado Dominicano durante los treinta y siete años no compensen la cesión de los aeropuertos y el sacrificio fiscal que proyecta.

Otro aspecto que vuelve a aparecer en el contrato es la cláusula del “Equilibrio económico” y al respecto somos de opinión de que toda inversión tiene sus riesgos propios y hay tiempos en que se pierde y otros en los que los resultados son positivos. No existe el riesgo cero en ningún tipo de inversión y esta cláusula se constituye en una protección mayor que impide que el concesionario, llegue a pasar del lado positivo al negativo en cuanto a los beneficios del proyecto. Esta cláusula ya no existe en contratos como los que se han firmado en Colombia y en otros países de la región y solo va en beneficio del concesionario y como consecuencia en perjuicio del cedente que tendrá paradójicamente que correr con todo el riesgo.

Con respecto a los US$750 millones que el estado recibirá, eso forma parte del proyecto y se hace constar que serán deducidos del impuesto sobre la renta, como un renglón de costos, que también será amortizado anualmente de tal manera que el retorno estará garantizado, o sea que no se puede hablar de que este monto es una inversión, ya que será aplicado a los gastos del proyecto.

Con relación al sacrificio fiscal que representa la extensión de este contrato, habría que ponderarlo, calcularlos y contraponerlo con los ingresos que recibirá el estado dominicano, para obtener lo que netamente representarán estos ingresos.

En cuanto a los objetivos que se pretenden conseguir con la firma de este contrato, que entendemos que deben ser mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los aeropuertos del país y promover de manera conjunta el crecimiento del turismo y del comercio y observando los factores (índice de precios al consumidor y la inflación) que determinarán los aumentos de las tarifas aeroportuarias, parecería que indefectiblemente estas aumentarían anualmente, lo cual podría afectar negativamente nuestra competitividad y también disminuir la afluencia de pasajeros y de turistas al país.

Esperamos que el Congreso de la República lleve a cabo una evaluación apartada del interés político ponderando las bondades y desventajas que conlleva esta concesión y de ser así entendemos que deberá salir a la luz que bajo los términos que está concebido este contrato no parece ser una buena opción para la obtención de los beneficios que se deben obtener.