Un transporte colectivo para el desarrollo

Por Víctor Féliz

Es ya costumbre en nuestra región entender que el servicio de transporte público debe ser cuestión de gobierno, local o nacional, para que los usuarios tengan las garantías de un transporte permanente a tarifas justas y asequibles.

Fue de todos conocido que en décadas pasadas la tendencia fue asumir este servicio por parte de las autoridades sin importar las grandes pérdidas que se acumulaban durante sus operaciones y que obviamente provocaron en caída libre la calidad del mismo, creando descontentos en usuarios.

Tenemos ejemplos palpables y bochornosos de los cuales no podemos sentir ningún orgullo.

El transporte colectivo está en manos de centrales sindicales de transportistas que, a los fines de hacer un ejercicio transparente, no son más que negocios en manos privadas con el auxilio del gobierno a través de subsidios ominosos llegándose a convertir, en algunos casos, en cárteles siniestros, una especie de “cosa nostra”.

Para el año 2000 la ciudad de Santo Domingo contaba apenas con 60 rutas de mini y microbuses y 74 rutas de carros públicos. Eso en el día de hoy se ha septuplicado revelando que es un negocio en crecimiento vertiginoso.

Según datos obtenidos recientemente, en el Distrito Nacional se reporta a la fecha un movimiento sobre el millón de viajes realizados, mientras que en la provincia de Santo Domingo esta cifra se duplica.

Si sumamos estas cantidades podemos acotar que en la zona Metropolitana del Gran Santo Domingo se realizan al menos tres millones de viajes cada día, en su mayoría en condiciones inhóspitas, con vehículos destartalados y en malas condiciones en algunos casos, produciendo gastos enormes en términos de contaminación, en accidentes producto de la imprudencia al conducir; deteriorando las condiciones de desplazamiento; además de contabilizar los gastos millonarios que ha realizado el Estado Dominicano en la importación de vehículos y en el subsidio de las oficinas reguladoras del transporte.

Ante esta situación se evidencia el estado caótico de la movilidad masiva de pasajeros, debiéndose de convertir este asunto en un tema prioritario para el gobierno, ya que del mismo se derivan una serie de consecuencias nefastas para la salud física, económica y social del Estado dominicano. Hay que resaltar que desde allí se han hecho esfuerzos extraordinarios para mejorar este indispensable servicio que contribuye al desarrollo nacional. Sin embargo, NO basta.

Soluciones como el Metro de Santo Domingo, el teleférico que conecta con éste, concesiones de rutas con autobuses de tercera generación que buscan no solo el confort de usuarios, sino que nos da valores agregados como el pago con tarjetas electrónicas, el no uso de combustibles fósiles, entre otros, son las que deben ser impulsadas con ahínco. Está comprobado mediante estudios que este sector es autosostenible financieramente.

Debemos dejar esa bipolaridad que manifestamos en el tema transporte colectivo, pues mientras se hacen inversiones cuantiosas en desarrollar un método comprobado de transporte masivo, seguimos dando facilidades para la importación de vehículos (para uso de taxi), subsidiando grupos sindicales y actuando de manera timorata cuando se requiere despojar de una ruta anarquizada.

Aprovechemos el momento en que estamos inmersos en la búsqueda de soluciones para disminuir el desconcierto que sufrimos los citadinos de esta metrópolis; los cambios de sentido de vías, el par vial, y otras, son decisiones correctas, pero simulan una aspirina ante el derrame cerebral que estamos sufriendo.